La propiedad intelectual sobre los resultados de investigación del profesorado universitario y la obligación de acceso abierto

Román Pérez, Raquel de. La propiedad intelectual sobre los resultados de investigación del profesorado universitario y la obligación de acceso abierto tras la reforma de la Ley de la Ciencia: ¿Cambio de paradigma?.  Revista de Derecho Civil. 2022, V. IX, n. 4, p. 303-349. http://hdl.handle.net/10259/7227

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En septiembre de 2022 se ha reformado la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en cuestiones que tienen que ver con la propiedad intelectual de las obras y otros resultados que produce el profesorado al desarrollar su actividad de investigación. Ahora, el artículo 35 se ocupa de la titularidad de los derechos sobre los resultados de las actividades de investigación del personal de las universidades y otras entidades públicas, que antes se regulaba en la Ley de economía sostenible. También se ha reformado el mandato del artículo 37, sobre puesta a disposición del público en acceso abierto de los resultados de investigación. Con este trabajo se analiza cómo afectan ambos preceptos al profesorado universitario. Se trata de aclarar, entre otras cuestiones, si la nueva regulación atribuye o no con carácter general los derechos de explotación sobre las obras del profesorado a las universidades en las que desarrolla su actividad investigadora, si son las universidades o el profesorado quienes deben cumplir con el mandato de acceso abierto, y en qué medida el artículo 37 deja de ser una norma dispositiva. Se concluye que no hay atribución a las universidades de los derechos de explotación sobre las obras resultado de la investigación, sino que se conservan por el profesorado en aplicación de la Ley de propiedad intelectual a la que remite el artículo 35, 2 de la Ley de la ciencia. Que el artículo 37 regula una nueva obligación de depósito de las publicaciones y datos en repositorios, para el profesorado y otro personal de investigación de las universidades y otras entidades públicas. Y que los sujetos comprometidos a poner a disposición del público los resultados de investigación en abierto, cuando lo establecen las condiciones de las convocatorias de ayudas públicas con las que se han financiado, son los investigadores e investigadoras.

Entorno a la recuperación de la información en Internet. Plagio y Noticias Falsas

Julio Alonso Arévalo. Cajamarca (Perú). 7 nov. 2020

[Fuente: Universo Abierto] Conferencia – Julio Alonso Arévalo. La alfabetización digital es el conjunto de competencias necesarias para la plena participación en la sociedad del conocimiento. Incluye conocimientos, habilidades y comportamientos para propósitos de comunicación, creación y colaboración. La mayoría de los jóvenes han estado expuestos a más tecnología que las generaciones anteriores. Sin embargo eso no lesa de expertos en recuperación de la información. En la conferencia hacemos una serie de recomendaciones en torno a cómo recuperar información fiable en el entorno digital, hablamos de noticias falsas y de cómo detectar el plagio y también como evitarlo utilizando herramientas de gestión de referencias.

Nueva Ley de propiedad Intelectual (Ley 2/2019, de 1 de marzo)

Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017. (BOE)

NOVEDADES (Fuente: Universo abierto)

El título IV del libro tercero, sobre «gestión colectiva de los derechos reconocidos en la ley», pasa a estar dividido en siete capítulos.

• El capítulo I regula los requisitos exigidos para gestionar colectivamente derechos de propiedad intelectual. Se produce la inclusión de normas específicas aplicables a aquellas entidades de gestión de otros Estados que operen en España; a las entidades dependientes de una entidad de gestión; y a los operadores de gestión independientes.
• El capítulo II regula la situación jurídica del titular de derechos de propiedad intelectual en su relación con la entidad de gestión y, fundamentalmente, el instrumento jurídico que la articula: el contrato de gestión. Mediante este contrato, el titular de derechos, sin ceder la propiedad de los mismos, encomienda su gestión a una entidad de gestión. Como novedad, se incluye en el texto refundido el derecho del titular a revocar su contrato total o parcialmente siempre que realice un preaviso razonable no superior a seis meses que se regulará en los estatutos de cada entidad de gestión.
• El capítulo III se centra en la regulación de ciertos aspectos orgánicos y de funcionamiento interno de las entidades de gestión. En este capítulo destaca la introducción de un órgano que tendrá como función controlar internamente la gestión llevada a cabo por los órganos de gobierno y representación de la entidad. Este órgano de control interno estará compuesto por miembros de la entidad y, en ciertos supuestos previstos legalmente, por personas independientes ajenas a la misma. Para garantizar su independencia funcional, ninguna de las personas que lo compongan podrá guardar relación alguna con las personas integrantes de los órganos de gobierno y representación de la entidad.
• El capítulo IV regula las autorizaciones no exclusivas para el uso del repertorio de las entidades de gestión (conocidas en la práctica comercial como licencias) y sus tarifas generales. Las novedades introducidas por la presente ley en este capítulo son escasas, sin perjuicio de las licencias multiterritoriales que se regulan por primera vez en el ordenamiento jurídico español. Estas licencias facilitarán a los proveedores de servicios de música en línea la obtención del permiso necesario, mediante una única autorización trasfronteriza, para utilizar los derechos sobre obras o repertorios musicales en el territorio de varios Estados miembros e, incluso, de toda la Unión Europea.
• El capítulo V regula la gestión de los derechos recaudados que abarca la recaudación, reparto y pago de los importes generados por la concesión de licencias a los usuarios de derechos de propiedad intelectual. En el régimen jurídico general la principal novedad es la inclusión de un plazo máximo de nueve meses para repartir y pagar a los titulares los derechos recaudados en el año anterior y la obligación de que las entidades de gestión lleven una contabilidad analítica que les permita adecuar el importe de sus descuentos de gestión a los costes reales en los que haya incurrido.
• El capítulo VI agrupa las distintas obligaciones de información, transparencia y contabilidad a las que están sujetas las entidades de gestión. Casi todas las obligaciones previstas en la directiva en esta materia ya están incluidas en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. La principal novedad es la obligación de elaborar un informe anual de transparencia, elaborado en paralelo a las cuentas anuales, y que proveerá, con un elevado nivel de detalle, información financiera y sobre gestión económica.
• El capítulo VII recoge el régimen sancionador regulado hasta ahora en el título VI del libro tercero. Las únicas modificaciones que se introducen tienen como objeto aclarar el reparto competencial cuando la potestad sancionadora corresponde al Ministerio de Cultura y Deporte, la especificación de los plazos máximos para resolver los procedimientos administrativos sancionadores por la comisión de infracciones muy graves y graves y el mecanismo de intercambio de información entre autoridades europeas respecto de las infracciones cometidas por entidades de gestión que tengan establecimiento en otro Estado miembro de la Unión Europea pero presten servicios en España.

Asimismo, se introduce un nuevo tipo infractor muy grave que sanciona la prestación de servicios de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual sin haber obtenido la autorización del Ministerio de Cultura y Deporte cuando esta sea necesaria; así como varios tipos infractores graves por el incumplimiento de las nuevas obligaciones que introduce esta ley respecto de las entidades de gestión y los operadores de gestión independientes.

Se modifica el contenido del título V que regula la Comisión de Propiedad Intelectual sobre la base de los artículos del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que regulaban este órgano.

Las modificaciones introducidas alteran la numeración del título sobre protección de las medidas tecnológicas y de la información para la gestión de derechos, que ahora será el título VI del libro tercero, y de los artículos que conforman el libro cuarto. También, se han actualizado a la nueva numeración de los artículos que conforman el título IV del libro tercero las distintas referencias que se hacen a los mismos a lo largo de todo el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

La presente ley también modifica el plazo previsto en el artículo 20.4 en materia de reclamación de derechos por retransmisión por cable para igualarlo con el plazo de cinco años previsto en el artículo 177 para la reclamación de derechos de propiedad intelectual en general; e introduce el plazo para ejercer la acción de reembolso de la compensación equitativa por copia privada regulada en el artículo 25.8.

Propiedad intelectual en la sociedad de la información

 “Let’s make copyright right for education”

Las Bibliotecas universitarias españolas se adhieren a la campaña “Let’s make copyright right for education”. (Fuente: Acceso Abierto ULPGC)

La Comisión Europea ha presentado recientemente una propuesta de modificación de la Directiva europea sobre los derechos de autor que se espera sea votada en el Parlamento Europeo a finales de año.

La propuesta contempla un artículo para obligar a los Estados miembros a incluir en su legislación una excepción a los derechos de autor que permita usos educativos sin tener que solicitar autorización a quienes posean la titularidad de estos derechos. La excepción sin embargo, es muy limitada: sólo es aplicable al profesorado y a estudiantes de centros de enseñanza, se limita a determinados usos digitales, y podrá no tener efecto si existen en el mercado licencias adecuadas de los y las titulares de los derechos o de entidades de gestión que permitan los mismos usos.

La asociación Communia (The International Association On the Digital Public Domain), ha lanzado la campaña “Let’s make copyright right for education”  (https://rightcopyright.eu/) para solicitar al Parlamento Europeo una visión mucho más generosa y abierta de la excepción.